Con un nivel de participación política envidiable por casi cualquier colectividad (exceptuando al partido de La U), casi toda Colombia ha salido a rasgarse las vestiduras a partir de la solicitud de conciliación con el Estado interpuesta por Ingrid Betancur ante la Procuraduría Nacional.
Pero la mayoría olvida que ella lo hace en el marco de la ley que el mismo Estado creó, y que nos guste o no, ella es víctima como muchos otros miles de colombianos. Lo que nos corresponde como nación, realmente, es avalar la utilización de los mecanismos legales existentes como vía para la reparación a que las víctimas tienen derecho.
Que ella es rica y tiene mucho dinero y no le hace falta, sí. Que ella fue advertida de los riesgos que existían el día de su secuestro y aún así decidió continuar por su cuenta y riesgo, sí. Que la cifra que está pidiendo es astronómica y ella pretenda afirmar que es simbólica, sí. Que el Estado gastó mucho dinero en su rescate, sí. Todo eso es cierto y con todo ello estoy de acuerdo, pero nada de eso hace que su reclamo esté por fuera de la ley. Al fin y al cabo, de pedir nadie se ha herniado, ni muerto, como dice el refrán. Pero es en el marco de la ley y el debido proceso en donde se debe determinar no solo la pertinencia o no de todas esas circunstancias, sino también si el monto es justo o no lo es. No antes, no en el marco del exceso de opinión pública, modelada por los medios, a los que a veces se les va la mano y se endilgan el ejercicio de la justicia, como ahora lo hace el Consejo Superior de la Judicatura.
Y es precisamente por este innecesario escándalo que el país ha desperdiciado una oportunidad para seguir avanzando en el camino de la reparación a las víctimas del conflicto, que tan tortuoso ha sido. En el fragor de la noticia nos ha sido fácil hacer clic para adherirnos a grupos que rechazan su postura y hacer comentarios en las ediciones electrónicas de los diarios. Dizque nos duele que la decisión de Íngrid toque nuestro bolsillo en un reclamo tan multimillonario. Pero ¿quién ha hecho un grupo en Facebook contra el despilfarro del anticipo dado a los Nule por las obras de la calle 26 en Bogotá, y que asciende a más o menos 50 mil millones de pesos? Nadie. Esa platica no se invirtió y tampoco va a ser devuelta, y la pagamos solo quienes residimos en Bogotá y no todos los colombianos; estamos hablando de cuatro veces la demanda de Íngrid.
Y que quede claro que es solo el anticipo de «un» contrato de los miles que se firman con el Estado y que engordan las cuentas de los corruptos a costa del desangre del erario. ¿A alguien le duelen, se moviliza tanta opinión pública en rechazo a quienes de verdad son los enemigos de las finanzas públicas?
Así que debimos haber dejado el escándalo y haberle permitido el derecho a Íngrid de que reclamara, pero es demasiado tarde porque ya se retractó. Que pida, repito, que de pedir nadie se ha herniado -que se sepa-. Y como en pelea de burros el que chupa es el arriero, son otra vez las víctimas las grandes perdedoras de un debate que pudo haber sido y no fue.
